Nos encontramos a escasos días de presenciar la mayor elección suscitada en México desde el pasado 2018. Serán renovadas mediante sufragio popular, como lo mandata nuestra Constitución; la Presidencia de la Republica, el Senado, la Cámara de Diputados, Gubernaturas de diversas Entidades Federativas, así como Congresos Locales y Presidencias Municipales.
De igual forma, nos encontraremos ante un suceso histórico que marcará una significativa pauta en la democracia representativa del país, siendo este que una mujer alcanzará el puesto máximo en cuanto a representación popular, ocupando así la titularidad del Poder Ejecutivo Federal.
Esto de no mediar un sorpresivo cambio de las recientes tendencias populares entre las dos candidatas y el candidato presidencial, los tres pertenecientes a diferentes bandos políticos, con sus ideologías, planes y objetivos completamente distintos.
Ante ello, es muy probable que la persona próxima a ocupar la tan aclamada y temida silla presidencial, pertenezca al partido político en turno y que se encuentra gobernando México desde el año de 2018.
En tal contexto, y según propias declaraciones de la candidata perteneciente al movimiento guinda, las reformas planteadas al Poder Judicial de la Federación se llevarían a cabo y se concretarían en la realidad misma.
Siendo tales reformas —de forma muy sucinta y en sus aspectos torales— las que prevén elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros, así como la destitución de los jueces, magistrados y ministros que se encuentren en funciones después de realizada la mencionada elección, y de igual forma la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal para convertirse en un Tribunal de Disciplina Judicial con atribuciones completamente distintas.
De modo que, de obtener una mayoría calificada en la cámara baja y en la cámara alta, la tan repetida reforma judicial pasaría sin problema alguno en su procedimiento legislativo, siendo publicada posteriormente por la persona encargada del Ejecutivo Federal.
Pero teniendo un último suspiro de convencionalidad y constitucionalidad en el supuesto de llegar a ser revisada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación al promoverse, en su caso, una Acción de Inconstitucionalidad en contra de tales reformas.
Lo cual se tornara interesante en el debate jurídico futuro entre propio gremio judicial, la academia y la abogacía mexicana en general.
De ahí que, las inminentes elecciones sean de gran trascendencia en su totalidad, no reduciéndose únicamente al cambio de persona, partido político o ideología, sino yendo más allá al grado de buscar una inestabilidad y debilitamiento de uno de los poderes que es el encargado de impartir justicia y controlar las leyes que no se adecuen a la Constitución, y más importante, a la Convención Americana de los Derechos Humanos de la cual México forma parte.
Pudiéndose inferir en una notoria violación de los derechos humanos por parte de un futuro gobierno, trastocando así el Estado de Derecho en todas sus vertientes, mutando tranquila y sigilosamente en un país en donde un solo color, una sola persona y un solo parlamento sean el tridente menos apropiado para guiar el rumbo de un país, apegándose siempre a derecho y las leyes.
Es por ello que la importancia de la participación ciudadana el próximo 2 de Junio será importante en la vida jurídica del país, teniendo la gran responsabilidad de emitir un voto inteligente y reflexionado, pensando siempre en lo que conlleva llegar a ser un legislador federal o local así como un gobernador y un presidente de una nación. No dejándose guiar por las usuales promesas políticas llenas de esperanza y salvación, que en el futuro jamás se ven reflejadas o cumplidas en la realidad que todos vivimos.
Les invito a votar y participar, pero con reflexión y mucha crítica al momento de tachar aquellas futuras boletas.
