Vivir en la Ciudad de México se ha vuelto un privilegio que muchos no pueden sostener. El costo de la vivienda ha aumentado de manera acelerada, impulsado por la especulación inmobiliaria, la proliferación de rentas temporales, la gentrificación y la falta de regulación efectiva. Esto ha provocado que miles de familias sean desplazadas, no por voluntad, sino por incapacidad económica. La ciudad corre el riesgo de expulsar a quienes la sostienen día con día.
Garantizar vivienda asequible requiere políticas de control de rentas, construcción pública, regulación estricta de alojamientos temporales y protección de barrios tradicionales. El derecho a la ciudad implica que todas las personas —y no solo quienes pueden pagarlo— tengan la posibilidad de vivir cerca del trabajo, la escuela o los servicios esenciales. Una ciudad donde solo pueden vivir quienes tienen altos ingresos, deja de ser ciudad para convertirse en un escaparate de desigualdad. El futuro de la CDMX depende de su capacidad para defender la vivienda como un derecho humano, no como un negocio sin límites.