El Estado sí puede comprar, distribuir y aplicar de forma exclusiva la vacuna contra el COVID19.
Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente,[1] este es entendido cómo el estado de un completo bienestar físico, mental y social,[2] y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades.[3] Los Estados deben adoptar providencias a nivel local e internacional para garantizar que…